Un grupo antiinmigración obtuvo una victoria legal en su demanda federal que argumenta que el gobierno de Biden violó la ley ambiental cuando detuvo la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos y trató de deshacer otras políticas migratorias del expresidente Donald Trump.
Un juez federal en Washington, DC, dictaminó la semana pasada que una demanda presentada por la Coalición para la Reforma de la Inmigración de Massachusetts contra tres agencias federales puede proceder, al menos en parte. El juez Trevor McFadden dijo que el tribunal federal de distrito tiene jurisdicción para conocer el caso, aunque desestimó dos de las 11 reclamaciones del grupo del área de Boston.
El Centro de Estudios de Inmigración, un grupo con sede en Washington, DC que aboga por una menor inmigración que presentó la demanda en nombre de la coalición de Massachusetts, aplaudió la decisión.
“Hace mucho tiempo que se debe resolver esta cuestión”, dijo Julie Axelrod, directora de litigios del centro, en un comunicado el miércoles. “Los impactos masivos de la inmigración a los EE. UU., incluida la degradación de las tierras fronterizas del sur, nuestra infraestructura, la expansión urbana, la contaminación, las emisiones globales de carbono y todas las demás consideraciones ambientales se han vuelto imposibles de ocultar por más tiempo”.
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La demanda argumentó que la administración Biden violó la ley ambiental federal cuando detuvo la construcción del muro, puso fin al controvertido proceso de asilo “Permanecer en México” de Trump, amplió los programas de refugiados para afganos, centroamericanos y otras poblaciones, y suavizó ciertas políticas para la patrulla fronteriza y la inmigración. agentes del orden, entre otras medidas.
La coalición de Massachusetts, que, según su sitio web, busca “reducir drásticamente la inmigración” por razones ambientales, dice que el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. deberían haber realizado un análisis de impacto ambiental antes de implementar los cambios de inmigración, como exigidos por la Ley Nacional de Política Ambiental.
“Si la NEPA debe aplicarse a cualquier política gubernamental, debe ser a las políticas federales que inducen el crecimiento de la población”, afirmó la organización en su denuncia. “Cuando el gobierno federal toma la decisión de crear un crecimiento de la población a través de la inmigración, toma una decisión que produce consecuencias ambientales significativas y previsibles”.
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Personas de Pensilvania se nombran como demandantes
Seis personas de Pensilvania, Minnesota y Arizona que dicen haber lidiado con las consecuencias ambientales de la política federal de inmigración también se nombran como demandantes.
Steven Chance Smith, un ganadero de Arizona, dice que los inmigrantes que cruzan la frontera sur dejan basura, provocan incendios y tienen un impacto negativo en su tierra de otras formas. Dice que a su familia también le preocupa la presencia de miembros del cartel de la droga y traficantes de personas.
“La vida en la frontera durante las migraciones masivas es muy estresante”, afirma la demanda. “La tierra está siendo invadida y degradada constantemente”.
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El juez McFadden desestimó los cargos que alegan que el manual de instrucciones del Departamento de Seguridad Nacional viola la ley ambiental y que la administración Biden debería haber preparado un análisis ambiental “programático” de sus acciones relacionadas con la inmigración. La próxima audiencia está fijada para el 29 de septiembre.
Los portavoces de las tres agencias nombradas en la demanda no respondieron el miércoles a correos electrónicos en busca de comentarios.
Biden agarra el mando y pone fin a trabajos de Donald Trump
Biden detuvo la construcción de muros fronterizos al asumir el cargo en 2021, pero ha permitido trabajar en circunstancias muy limitadas .
A principios de este mes, su administración puso fin oficialmente a la política de “Permanecer en México” de la era Trump que requería que los solicitantes de asilo esperaran en México para las audiencias en la corte de inmigración de EE. UU. después de que la Corte Suprema dictaminó en junio que podía hacerlo.
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