Noticias.- Tras la indignación nacional generada por el feminicidio de la menor Dafne Zapata Quintos al interior de un campamento militarizado en Altamira, Tamaulipas, la Secretaría de Educación Pública fijó su postura oficial, condenando los hechos y aclarando que la llamada "educación militarizada" no está autorizada ni permitida en escuelas de educación básica en México.
A través de un comunicado, el secretario de Educación Pública, expresó su total rechazo a cualquier acto de violencia que atente contra la integridad física y emocional de los menores de edad.
"Resulta inadmisible que, bajo una supuesta 'educación militar', se pretenda justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad", aseveró el funcionario federal.
La instrucción castrense es exclusiva de las Fuerzas Armadas
La SEP precisó que, conforme al marco constitucional y legal vigente, la formación y educación militarizada es competencia exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional y está destinada únicamente a la capacitación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
En ese sentido, la dependencia dejó en claro los siguientes puntos normativos:
- Sin validez ni permisos: No existe disposición legal o criterio regulatorio que permita otorgar reconocimientos oficiales a escuelas de nivel básico que incorporen métodos castrenses.
- Prohibición de denominación: Ninguna institución particular o pública de educación básica tiene autorización para operar o prestar servicios bajo los conceptos de "militar", "militarizada" o "castrense".
- Incompatibilidad pedagógica: La disciplina militar es incompatible con los planes, objetivos y garantías de los derechos humanos que rigen la educación básica escolar.
Finalmente, las autoridades educativas informaron que en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas se iniciarán las revisiones correspondientes sobre la institución involucrada para garantizar la salvaguarda de los derechos de la niñez y deslindar responsabilidades.
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